Vicente Massot – El principio del fin

La reciente sanción del proyecto de Modernización Laboral por parte de la cámara alta del Congreso de la Nación admite —cuando menos— dos lecturas diferentes. Por un lado, cabe hacer una interpretación más o menos pormenorizada de lo que ha significado y de los alcances que pueda tener.

Por otro lado, resulta indispensable explicar —si es que se puede— la pifia inconcebible del oficialismo al introducir, entre gallos y medianoche, de manera irregular y con poca profesionalidad, el artículo sobre licencias debidas a accidentes sufridos fuera del ámbito laboral que —de prosperar— recortará el salario de los trabajadores afectados. Vayamos, pues, por partes, que es cuanto corresponde en estos casos.

Que los libertarios iban a salirse con la suya en el Senado era cosa sabida. Las posibilidades que tenía el kirchnerismo de ponerle palos en la rueda a la iniciativa del gobierno literalmente no existían. Por lo tanto, las dudas que cabía plantearse —y que ahora han quedado despejadas— quedaban circunscriptas a cuáles serían al final del día las concesiones que debería hacer la bancada que lidera Patricia Bullrich para quedar satisfecha.

A nadie le pasaba por la cabeza —ni adentro del Parlamento ni afuera del mismo— que el guion original no fuese a sufrir modificaciones, luego de la maratón de consultas e intercambio de ideas que se sucedieron entre los representantes de La Libertad Avanza y los gobernadores afines, en las últimas semanas.

Al respecto, sucedió en un punto —el referido a la rebaja del impuesto a las Ganancias, que impactaría en las finanzas provinciales— cuanto era de esperar. Los jefes de los distintos estados del interior del país dispuestos a secundar los planes del Poder Ejecutivo Nacional, no iban a aceptar pasivamente que sus ingresos disminuyeran. Quienes están acostumbrados desde tiempo inmemorial a gastar con bolsillo de payaso es poco menos que imposible que, de buenas a primeras, entren en razón y quieran realizar el ajuste del gasto público de sus respectivas jurisdicciones.

En eso, los negociadores oficialistas sabían que sería difícil convencerlos.

No quedó en claro, en cambio, la razón en virtud de la cual se dejó sin efecto el escandaloso aporte solidario que todas las personas en relación de dependencia —se hallen o no afiliados— deben hacer a las arcas sindicales en forma obligatoria. Costaba creer que el motivo haya sido motivado por el miedo a unos líderes gremiales, que cada día tienen menos peso y poder.

Algo más de sentido tiene que fueron los gobernadores peronistas —siempre con vínculos que los unen a la CGT— quienes se habrían puesto firmes y defendido esa contribución abusiva que sólo sirve para enriquecer a los jefes gremialistas y dotar de fondos a sus organizaciones políticas.

Sea lo uno o lo otro, lo que por primera vez se ha logrado desde 1945 a la fecha con esta reforma, no deja de resultar notable. Dice el sabio refrán de origen español que “lo mejor es enemigo de lo bueno”. Como resultaba impensable que el gobierno lograse imponer su plan de máxima, cuanto consiguió fue modificar la dirección de las velas en materia laboral.

Las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, pero el paso que se ha dado significa el principio del fin de un sistema perverso. Las relaciones del trabajo moldeadas por el peronismo han comenzado a ser desmanteladas. La reforma mileísta no admite marcha atrás.

Cuando daba la impresión de que todo había terminado en la cámara alta, hete aquí que alguien o algunos —todavía no se sabe bien quién— introdujo de contrabando un artículo tan polémico que levantó críticas, no sólo en las tiendas kirchneristas sino también en las de los aliados de La Libertad Avanza.

Ello ha obligado a la Casa Rosada a encontrarle una solución a tal gaffe, con los diputados aliados negándose a convalidar a libro cerrado el proyecto con media sanción del Senado y decidiendo introducir modificaciones en ese punto. Una vez más, la torpeza de la mesa política libertaria —que por momentos, parece actuar a tontas y a locas, sin una autoridad que coordine y conduzca— ha afeado una victoria por otra parte contundente.

¿Qué harán los intereses vulnerados, o sea, la corporación sindical y los jueces del fuero laboral nacional, soportes del régimen vigente que se niegan dar por clausurado? Por supuesto, reaccionarán con todas las armas que aún conservan en sus manos. Tratarán por todos los medios a su alcance de entorpecer los alcances de la reforma, no a través de paros salvajes o huelgas generales —que, o bien no están en condiciones de llevar adelante o no sirven para nada—sino cuestionando la constitucionalidad de lo aprobado.

Mas allá de la falta de criterio y de conducción que mostró la cúpula libertaria con la introducción del polémico artículo 44, las enseñanzas que dejó la votación en la cámara alta sirven para entender cuán poderosos son los intereses creados que pretende desmontar el gobierno y qué tan difícil es llegar hasta el hueso en punto a los cambios que son menester en materia laboral, previsional e impositiva.

Que el oficialismo haya sido capaz de demostrar su poder de fuego haya ganado la partida no significa que nuestro país tenga un sistema de relaciones de trabajo acorde con las necesidades del tercer milenio. Se adelantaron unos cuantos y fundamentales casilleros, pero las asignaturas pendientes son todavía de bulto.

Dando por descontado que —al margen de algunos tironeos— habrá una nueva ley en poco tiempo más, hay otro aspecto de trascendental importancia en torno del cual se ha abierto una puja entre el Poder Ejecutivo y la camarilla de magistrados del fuero laboral. Es el intento de Javier Milei del traspaso de la justicia nacional laboral al distrito porteño. Es que es tan importante, en esta batalla a todo o nada, la sanción de la norma como su interpretación.

Del Congreso saldrá la ley pero, si quienes tienen la facultad de decidir acerca de su legitimidad y sus alcances responden a los mandatos de la CGT, el camino se hará cuesta arriba.

En resumidas cuentas, se viene una pulseada jurídico-política que, en última instancia, dirimirá la Corte Suprema.

Hasta la próxima semana.

Fuente: El principio del fin – Por Vicente Massot

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